martes, 29 de mayo de 2007

Réquiem para la democracia de Venezuela y para la libertad de prensa.


Réquiem para la democracia de Venezuela y para la libertad de prensa.
Como que si fueran santos, nadie dijo nada cuando Fujimori hizo lo mismo, en El Salvador paso exactamente lo mismo, y acá en Costa Rica, cierran programas y nada pasa, y los poderes mediáticos ponen desde entrenadores de football, hasta presidentes. Hasta hay una página que se llama los quita y pone, vean ustedes lo que hacia Marcel con el poder mediático que se gastaba, tampoco eran unos santitos.Marcel (el marido de una de las accionistas de RCTV) tenía un inmenso poder en Venezuela. Llegó a ser tan fuerte que algunos presidentes le temieron y obedecieron. Sabían estos que algún día dejarían de ser presidentes, pero Marcel seguiría siendo el Marcel que fabricaba o destruía líderes, el hombre cuyo apoyo era imprescindible para crearse una imagen de político probo e inteligente.Esa conducta, tan propia de la cuarta, de preocuparse más por su futuro político que por resolver los problemas la nación, hizo fuerte a un individuo que ha contado con medios y falta de escrúpulos para endiosar o desprestigiar a quien le viniera en gana. O sea si esto se parece a algún medio informativo tico es mera coincidencia.Era tan grande el poder de este personaje, que aún manejando una concesión del Estado se daba el lujo de impedir la aparición de un presidente en ejercicio en "su" canal de televisión.Hasta hombres con poder y sin escrúpulos, como Jaime Lusinchi, se doblegaron ante Marcel. No se atrevió el expresidente a negarle la renovación de la concesión a RCTV, a pesar de ser su enemigo personal y estar facultado por ley para hacerlo.Marcel siempre hizo lo que le vino en gana, al punto tal, que a hombres como Reny Otolina y Alí Primera los veto no sólo en su canal; sino en la televisión venezolana. Ningún medio ni ningún político protestó por esos abusos y atropellos a la libertad de expresión… era demasiado peligroso enfrentar la furia de Granier.Los funcionarios públicos de alto nivel le rendían pleitesía y temblaban ante sus arrebatos de ira. Bastaba la amenaza de dedicarles un par de editoriales para ponerlos de rodilla.Los partidos políticos, por su parte, estaban obligados a incluir candidatos a diputados y senadores, incondicionales de Marcel; mientras que no pocos ministros fueron nombrados por este personaje.Como zopilote, alimentó su poder con la inmundicia. Los abusos, la corrupción y los crímenes de la cuarta república fueron alimento para sus arcas y poder. Crímenes como los del Caracazo, Amparo y Yumare, llenaron de dolor al pueblo venezolano, pero representaron excelentes negocios para Marcel.Sus pautas publicitarias crecieron en la misma medida que se giraron instrucciones para que RCTV no hiciera, en cada una de esas oportunidades, una campaña en defensa del derecho a la vida, como la que hoy realiza en "defensa de la libertad de expresión".Marcel no respetaba (ni respeta) ley alguna y nadie se ha atrevido a condenarlo. Con las leyes que prohibían el tráfico de drogas, la publicidad de bebidas alcohólicas, la proyección de pornografía y la violencia en horario infantil, se limpió el trasero cada vez que se le antojó; y aún hoy sigue haciéndolo con la ley Resorte y la que penaliza el vilipendio.Ni aún la decisión soberana del pueblo de quitarle respaldo a los socios políticos de Marcel y enviar al cesto de la basura todo lo que olía a cuarta república, restó poder a este genio de la manipulación.Se alzó contra el pueblo y su gobierno y logró derribar este último. Por corto tiempo, es cierto, pero no fue tocado ni con el pétalo de una rosa.En una clara demostración de poder, nuestro personaje organizo, promovió y financió, junto con otros, el sabotaje petrolero, las guarimbas, la fuga de dólares y el sainete de Altamira; sin pasar siquiera un cuarto de hora en una comisaría.En resumen, puede afirmarse que el esposo de la dueña de RCTV, tenía y tiene poder; pero le llegó su domingo. El 27 de mayo se venció la concesión del canal y el gobierno venezolano decidió no renovarla.Sin esa concesión Marcel no le mete miedo a nadie, sus editoriales y campañas destinados a intimidar funcionarios ya no seguirán brindándole beneficios, el poder de convocar masas a través de sus manipuladas campañas desaparecerá, y como si fuera poco, una muy buena cantidad de millones se van con la concesión.Por fin comienza a enterarse de que él no puede ser más poderoso que un Estado, por muy encumbrado que sea el apellido de su esposa. Esa realidad lo tiene al borde de la locura. Nadie pierde tanto poder y dinero de un plumazo y se queda como si nada.Lucha desesperadamente por preservar su negocio y privilegios y aún tiene la habilidad para conseguir algunos pendejos que creen que la lucha es por la libertad de expresión, por la democracia y porque el pueblo venezolano dejará de ver ese adefesio que llaman la Rochela.(1)

Al final de cuentas es doloroso que se cierre un medio de comunicación, pero a veces hay que hilar más fino y saber que es lo que pasa en las élites del poder mediático.Yo no creo que cerrar emisoras, canales, periódicos o cualquier otro medio sea la solución, ni en Venezuela ni es Costa Rica, ya que eso limita la democracia, así como también el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente.En Venezuela con estas prácticas, la democracia se ve erosionada de una forma muy perversa y peligrosa, ya que no hay medios de comunicación independientes, pero como se dice, cada país tiene el presidente que se merece, y lástima que Venezuela este pasando por eso.

Esta es una lección para las democracias latinoamericanas, los partidos políticos deben poner sus barbas en remojo, ya que estos presidentes populistas, llegan al poder, por culpa de los partidos políticos que mienten y engañan a los pueblos, así como también, es una alerta para los medios de comunicación, que deben ser veraces y objetivos y no defender intereses espurios y personales.




1. Por: Alexis Arellano

jueves, 24 de mayo de 2007

El mortal letargo de Israel. Jeff Jacoby



Ante una nueva escalada de violencia del Estado de Israel con los grupos que adversa en el Medio Oriente, y con el peligro de una nueva guerra, que afectaría los precios internacionales del petróleo. Adjunto un artículo para entender como ven los pro israelitas, la actuación del gobierno de turno de Israel, y su tambaleante política hacia grupos terroristas que lo desean borrar del mapa.
Adjunto el artículo para motivar y entender la política en el Medio Oriente, ya que se pronostica que los precios del petróleo lleguen en estas semanas, al precio récord de ochenta dólares.
Este artículo es un buen insumo para el lector, para tener una visión en el complejo mundo internacional, principalmente en el conflicto árabe/israelita.

Shalom
Si el primer ministro israelí Ehud Olmert hubiera sido tan diestro y resuelto defendiendo a su nación de sus enemigos que defendiendo su apego al poder, Hezbolá sería hoy una desafortunada reliquia de una entidad desaparecida, mientras que Olmert sería estimado de Dan a Beersheba. En su lugar, la organización terrorista es jaleada en todo el mundo árabe por su ataque contra Israel del pasado verano, mientras Olmert -- a pesar de sobrevivir a mociones de censura en la Knesset el lunes -- es tan despreciado por sus conciudadanos que según la última encuesta, el 0% de los israelíes -- no es un error de imprenta -- le votaría hoy.La encuesta sigue a la difusión del informe interino de la Comisión Winograd, un panel oficioso designado el pasado septiembre para investigar los fallos de Israel en su segunda Guerra del Líbano. El informe es escandaloso. Documenta con desagradable detalle la ceguera voluntaria, la torpeza y la falta de preparación casi criminal que traspasó a los niveles más elevados del gobierno de Israel a lo largo de la guerra y los años que condujeron a ella.La Comisión culpa a Olmert de tomar decisiones apresuradamente y sin información, y le declara culpable de "un fallo serio a la hora de ejercer el juicio, la responsabilidad y la prudencia". Es igualmente crítico con el inepto ministro de defensa, Amir Peretz, cuya incompetencia destruyó la capacidad de Israel de defenderse de los ataques de Hezbolá, y con el ex jefe del mando del ejército Dan Halutz, que nunca alertó a sus desorientados superiores de que las fuerzas armadas no estaban preparadas para una ofensiva sobre el terreno en el sur del Líbano. Para cualquiera acostumbrado a asociar Israel con brillo y nervio militar, el informe Winograd supone una lectura tortuosa.El detonante inmediato de la guerra fue la incursión de Hezbolá el 12 de julio cruzando la frontera libanesa-israelí, en la que tres soldados resultaron muertos y otros dos secuestrados. Pero Hezbolá llevaba seis años preparándose abiertamente para la guerra, desde la retirada unilateral de Israel del sur del Líbano en mayo de 2000. Sin hacer ninguna tentativa por ocultar sus intenciones, Hezbolá irrumpió en el territorio que Israel había abandonado, creando una red de fortalezas fortificadas y plataformas de lanzamiento y desplegando miles de misiles y cohetes a lo largo de la frontera. Todo mientras Israel miraba, sin hacer nada contra la creciente amenaza. "Toda alarma debería haber estado sonando", escribe el editor del Jerusalem Post David Horovitz. "Pero muchos de los sistemas de advertencia, literal o figurativamente, habían sido desconectados. Y aquellos que sí intentaron destacar los inminentes e inconfundibles peligros fueron con frecuencia ignorados". ¿Cómo pudo haber sido Israel tan complaciente? ¿Qué explica tal letargo ante una mortal amenaza que se hace más peligrosa día a día?La respuesta, afirma la Comisión Winograd, es que demasiadas "élites militares y políticas en Israel han llegado a la conclusión de que Israel se encuentra más allá de la era de las guerras". Al contrario que sus predecesores, que comprendían que el estado judío nunca tendría paz hasta que todos sus enemigos decidieran abandonar sus armas, la dirección israelí de hoy imagina poder lograr la paz por medio de la retirada y la contención."Puesto que Israel no tenía intención de iniciar una guerra", concluye el informe, los altos funcionarios decidieron que Israel "no necesitaba estar preparado para una guerra ´real´". Y siendo ese el caso, "tampoco había ninguna necesidad urgente de actualizar de modo sistemático y sofisticado la estrategia de seguridad general de Israel y considerar cómo movilizar... todos sus recursos -- políticos, económicos, sociales, militares, espirituales, culturales o científicos -- para tratar la totalidad de los desafíos que afronta".Hartos de luchar, deseosos de vivir con normalidad, los israelíes se sumieron en un letargo. Estrecharon la mano a Yasser Arafat y salieron corriendo del Líbano y expulsaron a los judíos de Gaza. Se culparon a ellos mismos del odio de sus enemigos y pusieron la otra mejilla a los atentados suicida y los ataques balísticos Kassam. Intentaron ser atenienses, escribía un comentarista israelí el año pasado. Pero para sobrevivir en Oriente Medio, hasta los atenienses tienen que actuar en ocasiones como espartanos. "Estamos cansados de luchar", se lamentaba Olmert en un discurso de 2005. "Estamos cansados de derrotar a nuestros enemigos". Desafortunadamente, aquellos que se cansan de derrotar a sus enemigos generalmente acaban siendo derrotados por ellos.Mientras el acosado aliado de América busca nuevos líderes, una voz a la que vale la pena prestar atención es la del estratega de la Universidad Hebrea Robert Aumann, ganador del Nobel de economía."Somos como un montañero que queda atrapado en una ventisca", decía Aumann en la Conferencia de Herzliya de enero de este año. "Está cansado y tiene frío, y quiere dormir. Si se duerme, morirá congelado. Nos encontramos en peligro terminal porque estamos cansados. Me permitiré decir unas cuantas palabras impopulares y nada en boga: nuestro ánimo por la paz presa del pánico está trabajando en nuestra contra. Nos aleja cada vez más de la paz, y pone en peligro nuestra existencia misma. Hojas de ruta, capitulación, gestos, desconexiones, convergencias, deportaciones y demás no traen la paz. Por el contrario, traen la guerra, justo como vimos el verano pasado".Con enemigos como Hezbolá, la indisposición es un lujo que Israel no se puede permitir. Y a menos que lo olvidemos, Hezbolá también es nuestro enemigo.


http://www.eldiarioexterior.com/noticia.asp?idarticulo=14570

DICTAMEN NEGATIVO DE MINORÍA. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

REPUBLICA DE COSTA RICA
ASAMBLEA LEGISLATIVA

COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE RELACIONES INTERNACIONALES Y COMERCIO EXTERIOR


PROYECTO DE LEY
“TRATADO DE LIBRE COMERCIO REPUBLICA DOMINICANA – CENTROAMERICA – ESTADOS UNIDOS”
EXPEDIENTE Nº 16.047

DICTAMEN NEGATIVO DE MINORÍA

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


DIPUTADA ELIZABETH FONSECA CORRALES
DIPUTADO FRANCISCO MOLINA GAMBOA
DIPUTADO RONALD FRANCISCO SOLIS BOLAÑOS


San José, 10 de enero de 2007

Luego del estudio del “PROYECTO DE LEY “TRATADO DE LIBRE COMERCIO REPUBLICA DOMINICANA – CENTROAMERICA – ESTADOS UNIDOS” , EXPEDIENTE Nº 16.047, la diputada y diputados que suscriben este Dictamen, llegaron, al menos, a las siguientes conclusiones:

1. Para Costa Rica una economía pequeña, el comercio exterior se ha convertido en un factor decisivo en su estrategia de crecimiento. No obstante, somos conscientes de que la competitividad internacional se logra con una política interna consistente y no simplemente con la firma de tratados.

2. Los tratados comerciales se deben de negociar con objetivos que permitan más desarrollo y mejor distribución de la riqueza, propósitos que fueron minimizados u omitidos por los negociadores del TLC.

3. El TLC fue negociado a espaldas de la población costarricense, que sólo se enteró, circunstancialmente, de los términos reales de la negociación. Se postergó o negó la entrega de información a personas y entes directamente interesados –casos del INS[1] o la Cámara de Productores de Genéricos[2]-. No se produjo un verdadero diálogo social sobre los alcances del Tratado.

4. El proceso de tramitación del TLC no ha sido convenientemente difundido. El principio de publicidad ha sido menoscabado. En el ámbito legislativo, se mantuvo una actitud indolente acerca de la imprescindible difusión de los debates por medios de comunicación en el seno de la Comisión de Internacionales y Comercio Exterior, mientras se dilapidaban recursos en una campaña publicitaria superficial y manipuladora a favor del TLC.

5. Se golpea la autonomía del Parlamento costarricense para dictar sus propias leyes nacionales, subvirtiendo el normal funcionamiento de nuestro sistema democrático. A través de procedimientos totalmente ajenos a los principios de publicidad y participación, se pretende elevar a un rango superior a la ley los postulados fundamentales del modelo económico neoliberal, entronizándolos como la única norma aplicable, imponiendo este modelo como el único modelo posible.

6. La tramitación del Proyecto en la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior se dio bajo violaciones sistemáticas del ordenamiento constitucional y el Reglamento Parlamentario, bajo restricciones injustificadas a los derechos de los y las diputadas que se oponían al mismo, con decisiones antojadizas que coartaron los derechos de la ciudadanía –a través de sus representantes- de conocer a fondo, en un debate franco, reposado y sin omisiones todas las vertientes e impactos del Tratado.

7. Podría afirmarse que la aprobación del TLC daría seguridad jurídica a las relaciones comerciales con EEUU, pero también que el TLC entronizaría jurídicamente y profundizaría las asimetrías existentes en esa relación comercial.

8. Los defensores del TLC pretenden apoyar un convenio en el que EEUU aparece como la nación necesitada de consideraciones, mientras Costa Rica debe doblegarse y renunciar a prerrogativas de todo tipo, incluyendo algunas vigentes en la OMC.

9. La propaganda en favor del TLC difunde que hoy nuestro país exporta ocho veces más de lo que exportaba en 1982. Lo que no se menciona es el incremento de las importaciones desde esa fecha. En realidad somos perdedores en todos los tratados comerciales suscritos, a excepción de los existentes con el Caribe y Centroamérica.

10. Si bien la Iniciativa de la Cuenca del Caribe es una medida unilateral de los EEUU hacia nuestra región, existen condicionantes geopolíticos que hacen necesaria esa Iniciativa para EEUU, en función de los la situación imperante en el Caribe y Sudamérica. Tampoco existen condiciones políticas internas en ese país para suspenderla, más aún, cuando la mayoría de las empresas beneficiadas con la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) son norteamericanas.

11. Dando crédito a los argumentos de los defensores del TLC, se puede afirmar que con el Tratado se persigue dar carácter permanente y con mayor seguridad jurídica, al segmento de nuestras exportaciones sujetas a un régimen especial (19%), que depende enteramente de la voluntad de la contraparte estadounidense. El resto de nuestras exportaciones (el 81% de nuestras exportaciones a EEUU y otras latitudes), o no tiene ninguna relación con el TLC, o se desarrolla exitosa y dinámicamente sin ningún régimen especial.

12. Si bien EEUU es el principal destinatario de nuestras exportaciones, es también el principal origen de nuestras importaciones. Rige en realidad un déficit histórico en la balanza comercial con ese país, que en los últimos cinco años ha rondado entre el 30 y 40% en detrimento de Costa Rica. El TLC profundizará sin discusión ese déficit.


13. El TLC no crea las pregonadas posibilidades ilimitadas de expansión para nuestras exportaciones al mercado estadounidense. Costa Rica, ya goza de un amplio acceso al mercado estadounidense, pues al 2003, el 93.5% de sus exportaciones ingresaron libre de arancel a los EE UU, y el 99.9% de las exportaciones ingresaron a ese país pagando aranceles menores al 3% (en promedio). Bajo esas condiciones, no es posible señalar que se producirá una franca expansión de nuestras exportaciones a ese país.

La inversión extranjera directa, a la que algunos apuestan como motor generador de empleo, es en realidad un sector poco dinámico en ese aspecto. Los datos son irrebatibles: entre 1986 al 2000 generó 34.000 empleos, o sea, el 2.5% de la población ocupada.

Según el titular de COMEX, Sr. Marco Vinicio Ruiz, las zonas francas representan el 50% de las exportaciones del país y venden cerca de US$ 3.673 millones. Como contraparte, generan 40 mil empleos.[3] Sólo el sector agrícola, base de nuestra democracia rural y amenazado por el TLC, ronda los 260 mil empleos.

16. El Tratado, tal como fue negociado, tiende a homologar a las naciones centroamericanas bajo un solo modelo, sin respetar las profundas diferencias que las caracterizan. Dicho en otros términos, se privilegia una visión de incorporación a ultranza de nuestros países a la zona comercial dominada por EEUU y, desde esa perspectiva, se toman decisiones acerca de nuestro ordenamiento interno.

17. El Tratado contribuirá a una profundización de la brecha social, pues no se contemplan mecanismos que favorezcan la distribución de la riqueza y el progreso compartido. Lo lógico y saludable hubiera sido construir desde nuestras particularidades e imperativos de desarrollo. Como algunos autores sostienen, con el TLC, más bien, firmaríamos nuestra renuncia a ese desarrollo.[4]

18. Por el contenido y alcance de lo negociado, no estamos ante un típico tratado comercial, sino ante una propuesta de transformación del estilo costarricense de convivencia. Un grupo de técnicos en comercio exterior se permitió hacer propuestas sobre los más diversos temas y sectores de nuestra sociedad, cuando lo propio hubiese sido que esas propuestas emanaran de una amplia consulta popular y una reflexión sobre las prioridades de desarrollo nacional.

19. Este Tratado pone en riesgo la organización del Estado costarricense, pues constituye una virtual renuncia al Estado Social de Derecho, imponiendo un modelo liberal, adicionándole una todopoderosa presencia transnacional en todos los sectores económicos, incluyendo servicios estratégicos que, por definición constitucional y en función del bien común, deben mantenerse bajo monopolio, como telecomunicaciones y seguros.

20. Desaparece el carácter universal y solidario de la actividad aseguradora del país, retornando al estado de exclusión y elitismo que caracterizada a dicha actividad en los años veinte del siglo pasado. Las nuevas empresas aseguradoras que se instalen en el país, incluyendo al INS, sólo asegurarán aquellos riesgos que generen expectativas de ganancias producto de su baja siniestralidad; en las condiciones de un mercado abierto quienes se aseguren, sólo serán quienes puedan pagar.

21. Se elimina el monopolio de administración de los seguros de Riesgos del Trabajo a favor del INS, eliminando con ello el carácter solidario y de subsidiariedad que le otorga el Estado a uno de los bastiones que integran las Garantías Sociales gestadas en la década de los años cuarenta, plasmadas en el Código de Trabajo y en la Constitución Política de 1949.

22. La apertura de Telecomunicaciones implicaría la renuncia a una de las principales herramientas de movilidad social y de desarrollo nacional, por cuanto se desnaturaliza el modelo solidario que permite la prestación de los servicios suministrados por el ICE bajo los principios de solidaridad, universalidad y servicio al costo.

23. Los compromisos adquiridos en el TLC van en contra de las posibilidades de un verdadero fortalecimiento del ICE, por cuanto los principios de “trato nacional” y “acceso a mercado” contemplados en el TLC, no solo obligan al ICE a poner a disposición de terceros su infraestructura, sino también, niega la posibilidad de que brinde sus servicios al costo o subsidiados, afectando así a los consumidores, especialmente a los de menores ingresos.

24. El país se comprometió en el marco de las negociaciones a garantizar el acceso a los bloques del espectro “comercialmente relevantes” a proveedores competitivos de servicios inalámbricos y a poner a disposición de terceros las bandas de frecuencias utilizadas por el ICE para dar servicio a un millón y medio de usuarios. Una medida con un altísimo costo para el país, comprometiendo actuales equipos del ICE y algunos de entes privados, cuyas frecuencias también fueron comprometidas.

25. Se coarta al Estado Costarricense cualquier posibilidad de brindar un tratamiento preferencial o prioritario a los costarricenses, a las empresas nacionales, a las organizaciones locales, en la prestación de algunos servicios o en la realización de determinadas actividades estratégicas, que históricamente han sido consideradas como tales, o que podrían llegar a serlo en el futuro, según las políticas de desarrollo previamente definidas.

26. Costa Rica es el único país que no estableció una reserva general, aplicable a cualquier sector para proteger su derecho a adoptar o mantener (dentro del Anexo II “Medidas a futuro”) “cualquier medida” incompatible con las obligaciones de trato nacional que otorgue derechos o preferencias a las minorías social o económicamente en desventaja”, como sí lo hicieron las demás naciones centroamericanas e incluso los Estados Unidos.


27. Para efectos de las obligaciones de “trato nacional”, el acuerdo equipara a los sujetos privados con las entidades o instituciones públicas, de manera que tales obligaciones se les aplican a ambos por igual en su relación con las empresas extranjeras.[5] Esto implica, que el país se obliga a otorgarles a estas empresas las mismas condiciones o beneficios que le otorga a las instituciones o empresas públicas que prestan servicios a los que se les aplican las obligaciones del tratado o que realizan actividades que califican como “inversiones cubiertas”.

28. Mediante este tratado, la obligación de “trato nacional” es llevada al extremo y su aplicación es generalizada a prácticamente todas las actividades productivas y a la gran mayoría de los servicios -incluidos varios servicios públicos esenciales-, sin realizar diferenciación alguna en atención a su particular naturaleza, la de las entidades o instituciones involucradas en su prestación o de los intereses nacionales en juego. Una expansión desmedida, que le asesta un golpe letal a la capacidad del Estado de intervenir en la distribución de la riqueza, aspecto importante que nos ha distinguido del resto de los países centroamericanos y que nos ha dado beneficios sociales importantes.

29. A diferencia de acuerdos comerciales en otras latitudes, caso de los establecidos entre países de la Unión Europea, el TLC no se acompaña con una agenda de cooperación y menos aún con una Agenda Costarricense de Desarrollo, que responda a las necesidades de nuestro pueblo.

30. Los mecanismos de protección establecidos para Costa Rica por medio de los itinerarios de desgravación, son insuficientes para contrarrestar el efecto de los subsidios en EEUU. El problema de fondo son las condiciones de desigualdad (asimetría), porque EEUU no se comprometió a desmantelar su esquema de subsidios al productor, mientras que el país si se comprometió a desarmar las barreras de protección arancelaria para los productos sensibles nacionales. Con base en el análisis exhaustivo del proyecto, es posible aseverar que el TLC es totalmente nocivo para la producción agropecuaria nacional, y que con el mismo se estaría pactando la extinción de una parte sustancial de agricultores nacionales, la disminución de la producción y el creciente deterioro de nuestra seguridad y soberanía alimentaria.

31. Los mecanismos de protección establecidos por medio de estos itinerarios de desgravación, son insuficientes para contrarrestar el efecto de los subsidios en EEUU. EEUU no se comprometió a desmantelar su esquema de subsidios al productor, mientras que el país si se comprometió a desarmar las barreras de protección arancelaria para los productos sensibles nacionales.

32. Mediante la obligación de suscribir el Convenio UPOV[6] (artículo 15.1.5), el TLC niega y lesiona el derecho de los/as agricultores/as, del campesinado y pueblos indígenas a guardar semilla y sembrar con fines no privados, intercambiar y vender las semillas de su propia cosecha y, por lo tanto, la práctica de esos derechos se convertirá en un delito. Esto constituye una amenaza directa a la sobrevivencia de nuestros agricultores, que ni siquiera podrán acarrear su producción a la feria de agricultor, excepto que hayan pagado todos los “derechos” que las transnacionales reclamarán sobre “sus” semillas.

33. Una negociación verdaderamente exitosa en el campo comercial y de la defensa de la producción nacional, debió haber logrado avances sustanciales en las diversas áreas de las barreras no arancelarias y de las prácticas desleales al comercio, lo que no ocurrió.

34. La desgravación arancelaria de armas procedentes de EEUU que se negoció en el TLC, está en contra de los esfuerzos que el pueblo costarricense ha realizado por muchos años para ser un país de paz y de neutralidad permanente en todos los conflictos internacionales. Costa Rica no hizo ninguna reserva al respecto, como si lo hicieran los otros países centroamericanos en el Anexo 3.2. Algunas de las armas que se mencionan en el Anexo 3.3 y para las cuales se aceptó el libre comercio son, entre otras, las siguientes: tanques y vehículos blindados, armas de guerra de la partida 93.01, lanzacohetes, bayonetas, cañones, lanzagranadas y, desde luego, revólveres, pistolas y armas blancas.

35. No se incluyó en el TLC disposición alguna sobre el deber de las Partes de aprobar una serie de Acuerdos Multilaterales Ambientales, de gran importancia para nuestro país y que EEUU se ha negado a aprobar (Convenio de Diversidad Biológica, Protocolo de Kyoto de la Convención Marco sobre Cambio Climático, Convención de Basilea, Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, entre otros).

36. Una importante implicación negativa es la renuncia expresa en el TLC (Capítulo Tres “Trato Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado” y en el folio 892) a la aplicación de parte de Costa Rica de un derecho que tenemos para defender al agro: la Salvaguarda Agrícola Especial (SAE) a los productos que están contenidas justo en el Artículo 5 del Acuerdo de Agricultura de la OMC. Esto expone: al arroz, la carne de bovino, la carne de cerdo, el pollo y los lácteos a condiciones de competencia desleal y desigual.

37. Del texto del proyecto del TLC se desprende de manera muy clara que la negociación en relación con las compras del sector público deben estar basadas únicamente en principios económicos y comerciales. Si bien es cierto se hacen algunas excepciones según lo estipulado en el artículo 9.14., por lo que las adquisiciones del sector público no pueden entenderse como un medio para impulsar políticas de desarrollo económico y de justicia social que beneficien a la población en general y a los mas vulnerables en especial.

38. De hecho, el TLC considera como “servicios” aspectos tan delicados desde el punto de vista de la protección del ambiente como la bioprospección sobre la biodiversidad nacional o la exploración petrolera.[7] Se les da a estos el mismo tratamiento y se les impone el mismo rango de obligaciones que a actividades tradicionalmente sometidas al libre tráfico mercantil.

39. Para el caso de los servicios, el sistema vigente en la actualidad es el contemplado en el GATS de la OMC según el cual los países asumen “compromisos específicos” de apertura y desregulación únicamente para aquellos sectores o actividades que de forma expresa incluyan en las listas anexas al acuerdo, de manera que existe certeza de que no se le aplicarán estos compromisos a ningún otro servicio o actividad que no estén allí mencionados.

40. Con el tratado se cambia el enfoque de listas positivas vigentes en la actualidad según el GATS de la OMC (arts. XVI, XVII y XVIII) o de “listas positivas”[8], por el denominado “enfoque de listas negativas", que consiste en asumir que las obligaciones de los capítulos de Servicios e Inversiones, son aplicables a todas las actividades que califiquen como servicios o inversiones –independientemente de si son mencionados o no en el tratado- con la única excepción de aquellos que explícitamente se encuentren en las listas anexas y únicamente para aquellas obligaciones sobre las que se diga, también de forma explícita, que no son aplicables (arts. 10.13 y 11.6). Esto crea una evidente inseguridad jurídica e incertidumbre sobre el alcance de lo negociado.

41. En el tratado se generalizan y consolidan una gran cantidad de restricciones y limitaciones a la capacidad del Estado de regular y controlar el desarrollo de las actividades que se realizan en su territorio, así como de orientarlas de manera que sean compatibles con los intereses nacionales, cuando el ejercicio de estas competencias sea considerado como desventajoso para los intereses de los proveedores de servicios o inversionistas extranjeros.

42. El Estado costarricense quedaría imposibilitado de ejercer la potestad que la Constitución Política (artículo 46, párrafo cuarto) le confiere de "establecer nuevos monopolios a favor del Estado o de las Municipalidades". Esta prácticamente resultaría vaciada de contenido, puesto que se le estaría prohibiendo de manera genérica su ejercicio -para todos los servicios- no solo a la actual Asamblea Legislativa, sino a todas las futuras, independientemente del consenso social que exista sobre su pertinencia.[9]

43. El TLC no toma en cuenta el historial jurídico costarricense en cuanto al derecho municipal, pues incluye en la sección B del anexo 9.1.2 (b)(i), a las 81 municipalidades del país, sin que el Poder Ejecutivo al negociar éste, les haya tomado su parecer o las haya incluido en las negociaciones; ignorando así su Autonomía Constitucional.

44. De conformidad con el capítulo 10, en caso de diferendo, los únicos que podrán ser tenidos como "parte demandante" serán los inversionistas extranjeros (art. 10.28). En este sentido, solo ellos quedarán facultados para interponer demandas conforme a las reglas y procedimientos de este capítulo. Los Estados podrían solicitar la conformación de paneles arbitrales para resolver disputas con otros Estados con base en el Capítulo sobre Solución de Controversias (No. 20), pero no para juzgar las actuaciones de las empresas transnacionales en su territorio.

45. Bajo el régimen “Inversionista-Estado”, el tratado también permite que sean impugnadas ante tribunales arbitrales las decisiones y actuaciones que, en el marco de sus competencias, realicen las municipalidades del país. Esto, a pesar de que las demandas solo se dirigen contra los Estados. Por tal vía, decisiones soberanas de los Gobiernos Locales, que en ocasiones no coinciden con lo resuelto por las autoridades nacionales, pueden ser declaras sin lugar.

46. También el acuerdo establece que los tribunales realizarán audiencias “abiertas al público”.(10.21.2) No obstante, este derecho básico puede ser fácilmente vaciado de contenido, pues nada garantiza que la sede del arbitraje será fijada en la ciudad, o al menos en el país donde ocurrieron los hechos que son objeto del proceso. Por el contrario, el tribunal cuenta con libertad para establecer dicha sede en otro país.

47. Mediante una carta adjunta se persigue facilitar la instalación de sucursales locales de los bancos extranjeros, bajo los mismos estándares regulatorios, de supervisión y capital a los bancos locales, con una excepción: la referente a mantener reservas adicionales por parte de la banca privada en los bancos estatales para apoyar los sectores productivos del país. De esta manera, COMEX se compromete también a eliminar uno de los pocos instrumentos jurídico-financieros aún vigentes, para el apoyo al pequeño y mediano productor.

48. En relación con los compromisos asumidos sobre propiedad intelectual, el TLC representan un peligro para la salud pública costarricense, así como para el sector agropecuario. Compromete claramente la estabilidad financiera y funcional de la CCSS.

49. Con el TLC, en materia de propiedad intelectual Costa Rica está aceptando ir más allá de lo establecido por el ADPIC de la OMC, en consonancia con los intereses de EEUU que están llevando estos acuerdos hacia otros objetivos con énfasis en aspectos comerciales. Se supera incluso lo ya acordado en este organismo internacional, por lo que se dice que el TLC es “ADPIC plus”, al ir mas allá de los lineamientos internacionales vigentes.

50. En materia de Propiedad IntelectualI, con el TLC que sacrifica la salud de los costarricenses a cambio de supuestas libertades comerciales, que en realidad, implican grandes ventajas económicas para las empresas farmacéuticas transnacionales. Se pone en riesgo la vigencia de nuestro Estado Social de Derecho y la estabilidad financiera de la CCSS.[10] Por ello, manifestamos nuestra más firme convicción de que lo acordado en materia de Propiedad intelectual dentro del TLC no le conviene a los costarricenses.

51. Lo negociado en patentes excede lo acordado en la OMC. Además afecta la competitividad de los productores nacionales. En la medida en que tales asimetrías continúen siendo invisibilizadas, el comercio internacional continuará presionando hacia la degradación social, laboral y ambiental, así como hacia la informalización de la economía.

52. Los negociadores costarricenses no exigieron a EEUU la ratificación del Convenio de Diversidad Biológica, que fue puesto en ejecución en 1994, y lo han aprobado 148 países, convenio que confirma la soberanía de cada país sobre sus recursos biológicos.

53. Con el TLC, Costa Rica sería una perdedora neta, en lo que respecta a la seguridad social. En las negociaciones se aprobó la apertura de todos los seguros incluyendo el de Riesgos del Trabajo, que asegura a la clase trabajadora la atención médica y de rehabilitación y agrega calidad de vida al trabajador. Además se permitió la apertura de todos los servicios públicos; entre ellos la Caja Costarricense de Seguro Social, que es la que se afecta más drásticamente.

Con el TLC la Caja Costarricense del Seguro Social pasará de ser un paciente delicado a un paciente en cuidados intensivos o en coma. Por ejemplo, respecto a seguros se establece la previsión de someter los riesgos del trabajo y el seguro obligatorio de automotores al libre mercado. La ruptura del monopolio de seguros de salud amenaza el sistema solidario y crea condiciones para la capitalización individual del seguro de enfermedad y maternidad

55. El TLC incrementaría los costos de acceso a productos genéricos en forma sustancial. La gente común sentiría el efecto al pagar más por sus medicinas, libros de texto, discos compactos y otros. Los pequeños negocios pagarán más por programas de cómputo y los agricultores pagarán más por sus semillas. Los países industrializados realizan el 90% de las inversiones en investigación y desarrollo, poseen un porcentaje todavía mayor de todas las patentes y son los mayores exportadores de productos del conocimiento.

Como lo demuestra la experiencia, cuando se instalen en nuestro territorio, las empresas privadas de seguros de salud buscarán asegurar o captar las cotizaciones de la seguridad social de asalariados/as de ingresos medios y altos y de edades jóvenes. Sin la presencia de los grupos de ingresos medios y altos en el sistema contributivo en salud, los servicios hospitalarios de la Caja se deteriorarían aún más e inevitablemente se fragmentaría aún más el sistema de salud, permitiendo que se consolide la brecha que se viene generando en acceso a servicios de salud de calidad entre la población de ingresos altos y bajos.

Es claro que la pretensión de brindar protección a medicamentos y químicos no patentados en Costa Rica, significaría posibles pérdidas millonarias para el país y particularmente para la Caja Costarricense del Seguro Social. Por otra parte, las medidas que contempla el Tratado, pretenden el fortalecimiento y ampliación del alcance de patentes, las opciones de patentes de segundo uso, la prohibición de importaciones paralelas, las limitaciones a la revocatoria de patentes y de licencias obligatorias y la protección de la exclusividad de mercado mediante protección de información no divulgada, nos parecen totalmente inconvenientes siendo que con ello se pretende dos propósitos a saber: la exclusión de competencia de mercados y el monopolio de las compañías fuertes en los campos de medicamentos y agroquímicos.

58. Los tratados de libre comercio y otras formas de apertura de mercados, han implicado cambios sustanciales en el tratamiento de la temática social, especialmente lo relacionado con el empleo, las relaciones laborales, la seguridad social –entre otros-. Se trata de transformaciones silenciosas en los marcos de la denominada flexibilización laboral, que en esencia intenta una reversión de las leyes laborales que hicieron a nuestro país un remanso de paz social durante medio siglo.

59. Con el TLC, la institucionalidad laboral está en el ojo de la tormenta, pues para nadie es un secreto que la precarización del trabajo, el desconocimiento de los derechos de los trabajadores, las jornadas de trabajo extenuantes, son consustanciales a la forma en que conciben las relaciones obrero-patronales algunas transnacionales.

60. El TLC excluye los siguientes derechos y garantías sociales establecidos en nuestra Constitución Política: el derecho al trabajo y libre elección del mismo, el derecho a la libre sindicalización, el derecho a la huelga, el derecho a convenciones colectivas de trabajo, el derecho a organizarse en cooperativas, el derecho a la preparación de los trabajadores, el derecho a la protección especial a las mujeres y menores de edad en su trabajo. No se tutela el principio de no discriminación, los salarios mínimos, se habla de protección al trabajo infantil y no de la prohibición del trabajo infantil, el tema de los migrantes que aparece incluso en el NAFTA, está totalmente desprotegido en el TLC.

61. La CEPAL pronostica la creación de ciento cincuenta mil empleos en seis años para toda la región centroamericana, lo que equivale a veinticinco mil empleos por año para toda América Central. [11] Por lo tanto el impacto en materia de empleo será marginal. Mientras tanto, se produce una evidente amenaza al empleo, es en lo que respecta a las actividades productivas para el mercado interno y de corte tradicional, caso de la agricultura, con el agravante de que estamos no sólo ante la pérdida de puestos de trabajo, sino de sectores en los que proliferan la pequeña y mediana producción, con implicaciones sociales verdaderamente negativas.

62. El TLC, en el capítulo que concierne a lo ambiental, reduce el ámbito de la legislación ambiental con respecto a lo establecido en la Ley Orgánica del Ambiente, Ley # 7554, al excluir los aspectos relacionados con:
a) Protección y mejoramiento del ambiente en asentamientos humanos.
b) Criterios para el ordenamiento territorial.
c) Protección de recursos marinos, costeros y humedales.
d) Soberanía sobre diversidad biológica.
e) Conservación, protección y administración de los recursos forestales.
f) Protección del aire.
g) Conservación y uso del agua.
h) Protección y aprovechamiento del suelo.
i) Administración de los recursos energéticos.
j) Prevención y control de la contaminación ambiental (entendida como toda alteración o modificación del ambiente que pueda perjudicar la salud humana, atentar contra los recursos naturales o afectar el ambiente en general), Incluyendo disposición de residuos, importación de desechos, contaminación visual y conservación del paisaje[12].

63. El TLC excluye todas las disposiciones de cualquier Ley de la República que regulen el acceso a los recursos naturales ubicados en el territorio nacional (art. 17.28), incluyendo los procedimientos para otorgar concesiones y permisos para la utilización y explotación del agua y de las fuerzas asociadas a ella, de los bosques, de los recursos minerales, de los recursos marinos y de la biodiversidad en general, así como los derechos de las comunidades indígenas asociados a dichos recursos.

64. En el Tratado no se incluyó disposición alguna sobre el deber de las Partes de aprobar una serie de Acuerdos Multilaterales Ambientales, de gran importancia para nuestro país como el Convenio de Diversidad Biológica, el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco sobre Cambo Climático, la Convención de Basilea, el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, entre otros, los cuales no han sido aprobados por los Estados Unidos. El Tratado solo habla de “reconocer el papel” de aquellos acuerdos ambientales de los que todos los Estados son Parte (art. 17.12).

65. Como contraparte, se obliga a Centroamérica en el Capítulo de Propiedad Intelectual, a aprobar más de diez tratados (art. 15.1) de interés para las empresas estadounidenses.

66. El derecho de las comunidades y de la población en general de participar en la discusión de los asuntos relacionados con el ambiente, lejos de fortalecerse se debilita con el Tratado, ya que se establece un mecanismo burocrático el cual sería el instrumento que utilizarían los ciudadanos para formalizar “denuncias” (arts. 17.7 y 17.8).

Con el TLC resulta afectada la capacidad regulatoria del Estado en relación con actividades sensibles en las comunidades del país por la presión que implican sobre los recursos naturales, tales como la generación de electricidad, la exploración de hidrocarburos o la bioprospección sobre la biodiversidad. Una afectación que no solo recae sobre las regulaciones existentes, sino que -lo que es más grave- limita la posibilidad de legislar a futuro sobre estos temas.

Con una eventual aprobación del TLC, se está echando por la borda un proceso de institucionalización de la protección de la biodiversidad, emprendido por Costa Rica en las últimas décadas. La presión por mercantilizar las riquezas naturales y su aprovechamiento económico, podría dejar sin efecto la legislación nacional que representa un mecanismo de control frente al uso indiscriminado de recursos naturales fundamentales para la producción alimentaria y, especialmente, frente a la apropiación privada de estos recursos y del conocimiento campesino e indígena desarrollado alrededor de ellos.

El TLC no clarifica lo que ha de entenderse por ser vivo, ser vivo genéticamente modificado, materia viva y derivados genotípicos. Se deja así un gran espacio de libertad en cuanto a la interpretación que se le ha de dar a esos términos, lo que iría en conveniencia de las empresas transnacionales. El PAC está convencido de que evitar el patentamiento y la privatización de la vida no es una lucha nacional, sino de la humanidad.

El TLC plantea una definición muy amplia de empresa, pues de acuerdo a la definición planteada en el capítulo 2 en el artículo 2.1 “Empresa significa cualquier entidad constituida u organizada conforme a la legislación aplicable tenga o no fines de lucro, y sea de propiedad privada o gubernamental, incluidas cualesquier sociedad, fideicomiso, participación, empresa de propietario único, coinversión, u otra asociación.” La amplitud de la definición de empresa es tal que incluye aquellas de carácter público (como hospitales que gozan de personería jurídica instrumental). De acuerdo a esa definición, las clínicas y los hospitales de la Caja pueden ser consideradas empresas, más aún, dado que muchas de esas tienen personería jurídica instrumental.

El trato nacional garantiza que los proveedores extranjeros obtengan el mejor de los tratos brindados a las empresas nacionales, incluso si este mejor trato a los nacionales pretendiera alcanzar metas de equidad social, combate a la pobreza o para propósitos de desarrollo económico.

La eliminación de aranceles e impuestos aduaneros, que supone el Tratado de Libre Comercio es verdaderamente impresionante: ¡sesenta mil millones de colones al año! Esta enorme cantidad de dinero desaparecerá, como por arte de magia, de las arcas públicas del Gobierno Central.

Para tener una idea de la gravedad del asunto, en el Presupuesto Ordinario aprobado para el 2006, al sector social, a través del Fondo de FODESAF, se le presupuestaron 11 mil millones de colones, mientras que la pérdida de ingresos por la disminución arancelaria significa una reducción 3 veces mayor que lo presupuestado a FODESAF, es decir, 31 mil millones de colones.

El Tratado tendrá efectos negativos diferenciados respecto a los derechos humanos de las mujeres, en particular en los derechos económicos, sociales y culturales, pues, además, no incorpora ninguna medida para la superación de la discriminación y de la feminización de la pobreza.

Los defensores del TLC han señalado que la Educación Publica queda resguardada en el capítulo de medidas disconformes, que dispone que el país mantenga su derecho de legislar libremente sobre servicios de educación pública, mientras estos “sean servicios sociales que se establezcan o se mantengan por un interés público”. Como sostiene la Universidad de Costa Rica, en ninguna parte del acuerdo se define qué se entenderá por el término “servicios sociales. Peor aún, de acuerdo con las clasificaciones internacionales utilizadas por Costa Rica para definir los sectores de servicios durante la negociación del Tratado, los servicios de educación se ubican en sectores o subsectores distintos. La “Lista de Clasificación Sectorial de los Servicios” de la OMC (MTN.GNS/W/120) establece los “Servicios de Enseñanza” como un sector totalmente diferente de los “Servicios Sociales y de Salud”. Por su parte, la “Clasificación Central de Productos de las Naciones Unidas” (conocida como CPC) también diferencia entre “Servicios de Enseñanza” y “Servicios Sociales y Personales”.[13]

En materia educativa, queda abierta la posibilidad de que se impugnen medidas gubernamentales orientadas a regular la educación si los inversionistas consideran que reducen sus ganancias y que “equivalen a una expropiación”, En esencia, el TLC implica una profundización en el proceso de privatización de la educación.

77. El Proyecto de Ley incurre en violaciones flagrantes de nuestra Constitución Política y en una gravísima alteración de la organización política del Estado costarricense. Se negó sistemáticamente todo tipo de información en relación con los contenidos, acuerdos y resultados de cada ronda de negociación, excepto para aquellos grupos de interés a los cuales servían, con un proceso sostenido y continuado de violaciones constitucionales contra el derecho de petición y el acceso a las dependencias públicas con propósitos de información sobre asuntos de interés público regulado por los artículos 27 y 30 de la Constitución Política.

78. El Numeral III, Artículo 1 del Anexo 13, confiere, con carácter retroactivo, beneficios para los “nuevos operadores privados” semejantes a los beneficios de los cuales gozaban a la fecha (27 de enero del 2003) las Instituciones del Estado, privilegiadas por su condición y carácter de “entidades públicas sin fines de lucro”, fundamento precisamente de tales beneficios. Es inaceptable que un Tratado Comercial, con rango inferior a las normas constitucionales, tenga efectos de aplicación retroactiva en contravención con el artículo 34 de la Constitución Política.

79. Para la discusión y aprobación de los proyectos relativos a las instituciones autónomas (ICE, INS), la Asamblea Legislativa está obligada a oír previamente la opinión de aquella. En el caso concreto de este proyecto de Ley, no hubo consulta a las Juntas Directivas de instituciones tales como el Instituto Costarricense de Electricidad ni del Instituto Nacional de Seguros, como tampoco se convocó al órgano colegiado máximo para conocer de sus puntos de vista ante la Comisión de Asuntos Internacionales.

80. El Tratado de Libre Comercio establece su propio régimen de expropiación o nacionalización de las inversiones e introduce la figura de “expropiación indirecta” en la que la ausencia de transferencia legal del dominio hace las veces de una expropiación sin indemnización previa que obliga el artículo 45 de la Constitución Política.

81. El Tratado de Libre Comercio no incorpora una definición suficientemente clara acerca de lo que debe entenderse por “Servicios”. Este concepto impreciso y absoluto conlleva a que toda actividad puede ser objeto del comercio. No existiendo ninguna exclusión expresa en relación con los servicios de educación a cualquier nivel, serían igualmente aplicables las disposiciones del capítulo 11 del Tratado con lo cual, la gratuidad, las becas y otros beneficios complementarios como los Comedores Escolares podrían imputarse como perturbaciones al libre comercio y por tanto tendrían que eliminarse.

82. La definición del anexo 2.1 del Tratado de Libre Comercio en cuanto al concepto del “territorio” aplicable a Costa Rica, desdice las normas constitucionales y por tanto es inconstitucional aparte de sus efectos negativos para los intereses de Costa Rica.

83. La constitución de una Comisión de Libre Comercio así como de diversos Comités ha generado la suspicacia para la toma de decisiones con características de supranacionalidad. Así, es preciso conocer en concreto, la naturaleza y los alcances de los denominados “Protocolos de Menor Rango” y su relación constitucional frente al Tratado de Libre Comercio, como también de los actos, acuerdos y resoluciones de la Comisión de Libre Comercio y de los diversos Comités, amparándose Costa Rica en sus normas constitucionales para evitar los roces y contradicciones que tendrán las actuaciones de esa Comisión y de esos Comités. Tener presente, además, que las atribuciones de la Asamblea Legislativa no se delegables como tampoco el Principio de Reserva de Ley propio del artículo 11 de la Constitución Política como límite de acción de los Poderes Públicos, aspectos que de acuerdo al texto se violentan en razón de la supranacionalidad de esa Comisión de Libre Comercio y las atribuciones que a la misma se otorgan.

84. La Constitución Política impone a los órganos del Estado, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, ante circunstancias calificadas como “extraordinarias” la obligada y necesaria actuación de las partes con independencia del elenco de sus atribuciones, facultades, potestades y capacidades cuyo ejercicio es inexcusable e irrenunciable al tenor del artículo 8 párrafo segundo de la Constitución Política la cual impone a los órganos del Estado, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, ante circunstancias calificadas como “extraordinarias” la obligada y necesaria actuación. La normativa contenida en este Tratado no podría ser excluyente del conjunto normativo-atributivo propio del Derecho Interno ni limitar su ejercicio soberano en atención al alcance y contenido del citado Capitulo Octavo y otras cláusulas relacionadas.

85. La Constitución Política señala la jerarquía de las normas del ordenamiento jurídico costarricense. El Capitulo Siete, concretamente su artículo 7.6 “Reglamentos Técnicos” del Tratado de Libre Comercio violenta la preeminencia y prevalencia del orden jerárquico propio de la Constitución Política en los términos concebidos.

86. El Capítulo Veinte “Solución de Controversias” violenta ostensiblemente la Constitución Política y estrangula al Estado Costarricense. Sin duda, por esta vía se destruye la unidad de la jurisdicción nacional al establecerse un sistema de justicia paralelo al Poder Judicial el cual además, lejos está de constituir estrictamente lo que es un “Tribunal Arbitral” convenido al momento de surgir el conflicto sino inmerso y obligatorio para el Estado y el Inversionista desde la aprobación misma del Tratado de Libre Comercio.

87. Es un Tratado se establece con un país que, a diferencia de Costa Rica, no es firmante de la CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS.

En vista del anterior análisis y partiendo de la inconveniencia de aprobar el Proyecto de Ley “PROYECTO DE LEY “TRATADO DE LIBRE COMERCIO REPUBLICA DOMINICANA – CENTROAMERICA – ESTADOS UNIDOS” , EXPEDIENTE Nº 16.047, la diputada y diputados que suscriben este Dictamen, se permiten elevar las siguientes recomendaciones al Plenario de la Asamblea Legislativa:

1. Que el Plenario dé su voto negativo al citado Proyecto de Ley, en vista de los innumerables vicios de inconstitucionalidad, el menoscabo del bien común y su impacto negativo en el desarrollo nacional, el bienestar de las y los trabajadores y productores nacionales, el estilo solidario de convivencia de los costarricenses y el Estado Social de Derecho.

2. Que el Plenario inste al Poder Ejecutivo a retirar del conocimiento de la Asamblea legislativa el TLC e iniciar de inmediato gestiones para lograr la negociación bilateral de un nuevo Tratado Comercial con EEUU. Existen condiciones políticas ampliamente favorables para esta posibilidad, de tal manera que se negocie un nuevo Tratado en el que se aminore el impacto de las asimetrías a que nos hemos referido en este documento, y se salvaguarden las conquistas solidarias de nuestro pueblo.

3. Que se proceda a un debate amplio y comprometido en torno a una Agenda Costarricense de Desarrollo, que permita a nuestro país, con TLC o sin TLC, crear premisas y concretar proyectos de desarrollo sostenible, teniendo por norte fundamental la búsqueda del bien común y el incremento de la calidad de vida de los costarricenses, en cuyo contexto, el comercio constituya uno más de los instrumentos para el logro de los objetivos de bienestar y desarrollo y no un fin en sí mismo.

4. Que el Plenario inste al Poder Ejecutivo a retirar la agenda de implementación del TLC, en particular los proyectos de Ley de Modernización y fortalecimiento de las entidades públicas del sector telecomunicaciones, de Ley General de Telecomunicaciones, de Ley Reguladora del Mercado de Seguros, de Ley de Protección a las Obtenciones Vegetales, el Convenio Internacional de las Obtenciones Vegetales (UPOV), y otros que han sido enviados por el Poder Ejecutivo para su aprobación. Lo anterior en tanto no se corresponden con los imperativos y, más bien, contradicen los objetivos de una Agenda Nacional de Desarrollo que posibilite una sociedad más solidaria e inclusiva.

5. Que se propicie la más amplia participación de la ciudadanía en el proceso de negociación de un nuevo Tratado y de la definición de la citada Agenda Costarricense de Desarrollo, bajo la premisa fundamental de que esa participación no será una formalidad, sino el procedimiento idóneo para que las decisiones de los legisladores correspondan con la voluntad de sus electores.


EN RAZÓN DE LO ANTERIOR:

La suscrita diputada y diputados informan al Plenario de la Asamblea Legislativa que por razones de constitucionalidad, procedimiento y conveniencia, el “PROYECTO DE LEY “TRATADO DE LIBRE COMERCIO REPUBLICA DOMINICANA – CENTROAMERICA – ESTADOS UNIDOS” , EXPEDIENTE Nº 16.047, no debe aprobarse.

Dado en San José, a las doce horas del 10 de enero de 2007.






DIP. ELIZABETH FONSECA CORRALES DIP. RONALD FCO. SOLIS BOLAÑOS



DIP. FRANCISCO MOLINA GAMBOA

cc: Señores y Señoras Diputadas, Asamblea Legislativa de Costa Rica
Comité Ejecutivo PAC
Asamblea Nacional PAC

viernes, 18 de mayo de 2007

Elecciones presidenciales en Francia


Elecciones presidenciales en Francia
Agrego un artículo de unos de mis periodistas preferidos, Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplomatique. Se que es algo extenso, pero para entender lo que ha pasado en la política francesa, vale la pena sacar tiempo para leerlo, ya que hace toda una reflexión del perfil político y personal de este ilustre político, que viene a cambiar el mapa político de Francia, viendo a la Comunidad Económica Europea desde otro crisol, potenciando sus relaciones con los Estados Unidos de Norteamérica, y siendo un claro pro israelita.


Elecciones presidenciales en Francia
RECONSTRUIR

La victoria de Nicolas Sarkozy, el 6 de mayo de 2007, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, con el 53% de los votos, marca un viraje decisivo en la historia de la V República francesa. Porque no se trata de la simple reconducción de la derecha al poder –que ocupó al más alto nivel desde 1958 hasta 1981 y nuevamente desde 1995– sino de un cambio de gran envergadura.
por Ignacio Ramonet
Director de Le Monde diplomatique, París.
Traducción: Pablo Stancanelli


El programa del candidato de la Unión por un Movimiento Popular (UMP) y las fuerzas que optó por congregar a su alrededor marcan una inflexión mayor: reflejan al primer Presidente francés a la vez neoliberal, autoritario, pro estadounidense y pro israelí.
La confusión sistemática de una campaña signada por referencias eclécticas, desde Juana de Arco a Léon Blum, no alcanza para disimular el muy marcado perfil político de Sarkozy. Si bien apela a un voluntarismo gracias al cual el Estado podría “proteger” a Francia y a los franceses, su programa económico y social se nutre de las viejas recetas thactcheristas y privilegia... a los privilegiados. En el mismo sentido, sus pujos republicanos no alcanzaron a borrar su visión esencialmente securitaria de la sociedad, en la que simplemente responde con la represión a las revindicaciones de las categorías populares y la juventud. En una prolongación lógica de esta manera de pensar, sus opiniones sobre los orígenes genéticos de la pedofilia y del suicidio son claramente ilustrativas sobre la eugenesia rampante que lo inspira. Finalmente, a pesar de los esfuerzos que hizo por atenuar el efecto de la bendición solicitada al presidente George W. Bush, no renegó de su voluntad de acercamiento a la política estadounidense, incluso en Medio Oriente, por no hablar del entierro del referéndum del 29 de mayo de 2005 sobre el Tratado Constitucional de la Unión Europea (1) anunciado mediante un procedimiento parlamentario...
El programa de Sarkozy es importante; la “clientela” que se lo compró no lo es menos. Desde este punto de vista, las grandes maniobras del período que separó a ambas vueltas electorales, destinadas a recuperar el electorado centrista de François Bayrou no borran de la memoria los meses de incitación al electorado de extrema derecha de Jean-Marie Le Pen. Con la excusa de “reconvertir” a la democracia a las tropas de este último, el candidato de la derecha hizo suyas las tesis de la extrema derecha: desde la propuesta de crear un ministerio de la Inmigración y de la Identidad nacional a la recuperación de la consigna
“Francia, o se la ama, o se la deja”; desde la caza a los indocumentados incluso en las puertas de las escuelas, a la abolición de la disposición de 1945 que protege a los menores; de la pseudo defensa de aquellos que “se levantan temprano” contra los “que se aprovechan” y los “asistidos”...
Ninguno de sus predecesores había llegado tan lejos para hacerse elegir: conviene medir correctamente la situación antes de celebrar el retroceso electoral del Frente Nacional de Le Pen...
Pero los esfuerzos de Sarkozy y los apoyos mediáticos masivos de los que se benefició no explican, por sí solos, su éxito. No más que los efectos perversos, verificados una vez más, de la elección presidencial por medio del sufragio universal: personalización, demagogia, voto útil... Pesó sobre todo la ausencia, frente a la derecha y la extrema derecha, de una auténtica alternativa política. Nunca desde 1969 había sido tan bajo el total de los votos de la izquierda en la primera vuelta (36,44%). ¡Y con razón! El Partido Socialista se dejó imponer por las encuestas una candidata, Ségolène Royal, que por cierto logró borrar el traumatismo de 2002, pero sin ofrecer a las fuerzas populares una perspectiva movilizadora. Aun más cuando a su lado, el Partido Comunista, la extrema izquierda y los ecologistas no se unieron para prolongar tanto las grandes movilizaciones sociales por la defensa de la seguridad social como de las jubilaciones; el envión del “No” en el referéndum del 29 de mayo de 2005 y la cólera de los suburbios. Más allá de las peleas de aparato y de personas, el centro de la cuestión es en primer lugar la incapacidad de pensar una política anticapitalista a la escala de Francia y de Europa.
Es sobre el terreno que hay que empezar a reconstruir, y sin demora. Porque si ganan las elecciones legislativas de junio próximo, la derecha y la extrema derecha en el poder intentarán hacer pasar por la fuerza su política de destrucción social: contrato de trabajo único a imitación del CNE; incremento del tiempo de trabajo; obligación de actividad a cambio de las protecciones sociales mínimas; limitación del derecho de huelga; rotura del Código del Trabajo; supresión de los derechos de sucesión y, por medio del “escudo fiscal”, supresión del impuesto a las grandes fortunas; mayor desmantelamiento de los servicios públicos, de la protección social y de las jubilaciones; disminución progresiva del presupuesto de salud; no reemplazo de uno de cada dos funcionarios que se jubilen; liquidación del mapa escolar; nuevos cuestionamientos sobre las jubilaciones; caza a los inmigrantes, con el agregado de un llamado a la mano de obra “elegida” del Sur; relanzamiento de la Europa liberal y apoyo a la política estadounidense... La izquierda va a necesitar de todas sus fuerzas para resistir esta ofensiva sin precedentes, pero también para recuperar una perspectiva de cambio.

Para reconstruir.

I.R.

1 En esa fecha, una mayoría de franceses votó contra la aprobación del Tratado
Constitucional europeo.

miércoles, 16 de mayo de 2007

TLC : DISCRIMINACIÓN Y PRIVILEGIOS SUPRANACIONALES

Interesante artículo de Juan José Sobrado sobre el TLC, lo adjunto para análisis más profundo.


TLC : DISCRIMINACIÓN Y PRIVILEGIOS SUPRANACIONALES


Juan José Sobrado Ch

El Capítulo Diez del TLC otorga a los inversionistas dominicanos y centro y norteamericanos, el privilegio de escoger su propia ley para que los rija en Costa Rica, la propia u otra, o la pactada en el propio acuerdo o autorización de inversión, por encima de la legislación costarricense, la cual queda reducida al papel de segundona en su propio país, a menos que se diga que es la que rige. Se deja igualmente a los empresarios costarricenses relegados y perjudicados en su propio país, porque no pueden optar por semejante privilegio, ni por eso podrían competir contra aquellos que se hacen la ley a su medida. Así lo expliqué desde estas columnas el 14 de abril pasado (El Inaceptable Capítulo Diez del TLC) , con mención expresa de las cláusulas 10.16, 10.22 y 10.28, de ese Capítulo, de las que todo lo anterior se desprende, por disposición expresa y no por interpretación.
El señor Alan Thompson replicó el 25 de abril pasado desde estas mismas columnas, y sostuvo que no es cierto y que son afirmaciones “descabelladas” ( publicación del 25 de abril pasado). Se funda para eso en hechos y afirmaciones falsas, según paso a demostrarlo. En buena hora el debate para que los lectores, con base en las pruebas - a las que me remito - puedan formar su opinión sobre asunto de tanta trascendencia nacional.
En primer lugar, es necesario recordar que no opinaba así antes el señor Thompson, porque el 15 de enero pasado, en publicación conjunta aquí con otros destacados defensores del TLC, defendió el sistema de solución de controversias de dicho Capítulo Diez, “tomando en cuenta que el inversionista foráneo no está familiarizado con el sistema legal y judicial del país anfitrión”. Lo que, en todo caso, ni es cierto, porque para eso todo inversionista contrata abogados especializados, ni tal amabilidad reverencial es necesaria para atraer la inversión extranjera. Por el contrario, esa sumisión solo podría atraer a empresas depredadoras de toda especie, y en todo caso es negativa para el clima de negocios sano, estable e igualitario de inversión, que en todas partes atrae a las empresas normales , que son la gran mayoría.
Los argumentos básicos del señor Thompson para sostener su dicho son dos y ambos no son ciertos: 1º ) que lo mismo ya está establecido en anteriores tratados similares, y en acuerdos bilaterales de inversión suscritos por el país, y ; 2º ) que la regulación sustancial del derecho aplicable al acuerdo o autorización de inversión es la legislación costarricense, y que así supuestamente lo establece el artículo10.28, en contraposición al 10.22 del TLC.
Pero, es completamente falso que los indicados tratados anteriores dejen en libertad al inversionista para establecer sus propias normas, de común acuerdo con el funcionario o gobernante, según lo dice en el TLC expresamente el artículo 10.22, que regula el derecho de fondo aplicable a tales controversias.
Todos aquellos tratados – los cuales en todo caso se ocupan de lo general y no comprenden a las obligaciones específicas como el TLC propuesto – expresamente establecen que tal derecho de fondo regulatorio es la legislación costarricense (la gran mayoría), además del tratado, o es el derecho internacional, en su caso.
Ninguno deja en libertad de escoger, tal como lo hace el TLC, de modo que si se aprueba, la legislación hondureña, nicaragüense,etc., o la que pongan, desplazará a la costarricense en su propio país, lo que ni Francisco Morazán pudo soñar. Cito a continuación números de leyes aprobatorias de tales tratados, para que el lector lo pueda comprobar en el sitio web “ www.pgr.go.cr/cij/index_pgr.asp-2k” “, del SINALEVI en que constan dichas leyes. Ley 7744, TLC con México; 8055, TLC con Chile; TLC con Canadá ; TLC con CARICOM. Tratados Bilaterales de Inversión : Ley 8076 con República Checa; 7994 con China; 7691 con Francia; 8068, con Argentina; 7695 con Alemania; 7870 con Canadá; 8069 con Paraguay;7748 con Chile; 7869 con España; 8067 con Venezuela; 8081, con Países Bajos, entre otros.
No es cierto tampoco que el artículo 10.22 no dice lo que dice, ni que el 10.28 se le contraponga o lo enmiende. El artículo 10.22.2(b) del TLC, relativo al derecho con base en el cual el tribunal arbitral “decidirá las cuestiones en controversia”, claramente establece que, “si las normas legales no han sido especificadas de otra manera”, se aplicará “ la legislación del demandado ( o sea Costa Rica)” . Por tanto, que éstas, por mandato expreso de esa norma, rigen solo en forma supletoria, si no se ha acordado otra normativa en los acuerdos de inversión, o concesiones sobre todos los bienes públicos, o en las autorizaciones de inversión, o toda clase de actos administrativos recaídos en el accionar de la empresa del inversionista extranjero. El artículo 10.28, que define cuales son los activos que forman la inversión cubierta , no establece el derecho de fondo, sino el marco al cual este se aplica, según el artículo 10.22. Tal marco, y para eso es que se menciona a la legislación costarricense, está formado por aquellos casos en que según nuestra ley hay derechos adquiridos. O sea para efectos instrumentales de enmarcar el objeto o campo de aplicación del derecho de fondo que regula el artículo 10.22, y no para establecerlo.
Un principio elemental de aplicación del derecho es que no cabe interpretar o desaplicar con pretextos , normas claras y expresas como éstas. Claridad y precisión que les resulta de su propio texto, y de su total corte y cambio respecto a lo acordado al efecto en anteriores tratados similares, lo que se quiere expresamente modificar.
Además de que lo propuesto en la materia por el TLC es completamente inconstitucional e inaceptable, es también completamente innecesario y además perjudicial. Lo primero, porque, según lo expliqué en el artículo anterior, ya existe un tratado de protección a las inversiones con Estados Unidos, mucho mejor para los inversionistas y para Costa Rica; y asimismo dichos inversionistas tienen garantizado el trato de nacional y de nación mas favorecida por el tratado vigente de l851. Perjudicial por lo que se dijo, y porque el clima general de estabilidad y de negocios está garantizado jurídicamente y depende de otros factores. En ausencia de ello, los tratados específicos de garantía a las inversiones, similares a los anteriores señalados ( que no llegan a los extremos prohibidos del TLC) , no impulsan en realidad la inversión extranjera directa. Esto último consta en un importante estudio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale, que los lectores pueden consultar en “http/ssrn.com/abstract=557121”.
De modo que lo único “descabellado” es haber aceptado el referido Capítulo Diez ,y, lo que es peor, defenderlo.

Comentario de Luis Di Mare H. sobre reelección de Don Oscar Arias y otros.



Muy interesante el comentario de mi estimable amigo Luis Di Mare, lo adjunto a mi bloggs, como un aporte de tan estimable persona, aunque no comparto lo de la reelección.

Además amigos me han comentado que desean saber algo sobre los que están de acuerdo con el TLC, ante tal petición, para que tengan una verdadera información y puedan decidir con el corazón.


El punto es que se ha cuestionado tanto la elección del Sr. Oscar Arias Sánchez a la presidencia en el 2006, que no sería de extrañar que se lleve a cabo un referéndum en el que se diga "SI" a la reelección presidencial. Así se acabarían los cuestionamientos y el Sr. Arias sería reelecto.En política quien ha hecho un buen gobierno lleva las de ganar, por eso creo que el Sr. Arias Sánchez sería reelecto. Porque ha hecho un gobierno amigable a la inversión extranjera, a la empresa privada y a la libertad de contratación, y eso implica una gran mejoría del bienestar de la población. El gran error estratégico de la izquierda es creer que el pueblo quiere socialismo... El pueblo quiere liberalismo, Suiza lo demuestra claramente. Suiza es el país más democrático y es uno de los más liberales del mundo... Hablo de un liberalismo que está de acuerdo en dar subsidios a los más necesitados, ¡el mismísimo John Cowperthwaite dio ese tipo de subsidios en Hong Kong, con un gasto total del gobierno promedio de 13% del PIB!Luis Di Mare H.



TLC NO ES Inconstitucional - Esteban Agüero, Alejandra Aguilar, Irene Arguedas, Marianella Arias, Francisco Chacón Bravo, Francisco Chacón González Roberto Echandi, Luis Adolfo Fernández, Neftalí Garro, Gustavo Guillén, Rubén Hernández Valle, Vicente Lines, Aldo Milano, Fernando Ocampo, Luis Ortiz, Alejandro Pignataro, Eric Scharf, Ronald Saborío, Edgar Tenorio, Alan Thompson, Nelly Vargas, Manuel Ventura y Fabián Volio.¡Qué colección de juristas de lujo! Recuerdése como el Sr. Portuguez llamó "abogadillos" a los del COMEX y que, por lo menos en este foro, nadie ha tratado despectivamente a los distinguidos juristas de la UCR.Sin embargo, ya empezó el cuestionamiento de la Sala Constitucional y demás poderes Ojo lo que indica el Sr. Albino Vargas Barrantes, en su columna en "Diario Extra" del 9 de mayo del 2007 http://mail.softhome.net/email?timestamp=1179376558&md5=mBU6N6A5hX2KRlFS4veptQ%3D%3D&redirect=http%3A%2F%2Fwww.diarioextra.com%2F2007%2Fmayo%2F09%2Fopinion03.php: .
....."El ciudadano Bolívar Murillo Chacón, profesional en Ciencias Sociales y que hoy se dedica a la actividad comercial, nos llamó para expresarnos su indignación y su enojo por las diversas acciones de despotismo, autoritarismo y prepotencia que ejecuta el régimen de los hermanos Arias Sánchez; a fin de realizar con “éxito” la tarea que les fue encomendada por la oligarquía neoliberal de “los quita y pone presidentes”, cual es la de aprobar el TLC, contra viento y marea, aunque sea pervirtiendo la institucionalidad republicana de la “división” de poderes, en la cual fuimos educados todos. “División de poderes” que hoy es una falacia. Para el compatriota Bolívar Murillo Chacón estamos viviendo los tiempos de la “dictocracia”, que es el vocablo que él acuñó para definir el sistema de directrices políticas que desde Llorente, Rohrmoser y Zapote se giran a los jerarcas de los otrora “supremos” poderes, para que acomoden directrices, decretos, leyes y fallos que permitan imponerle al pueblo costarricense el nefasto TLC.
Pasando por la reelección presidencial decidida en el más alto tribunal de la República, con la anulación total del parlamento; hasta el más reciente fallo del tribunal electoral que rechazó la iniciativa ciudadana para el referéndum sobre el TLC; la “dictocracia” parece funcionar a la perfección. Se hace “honor” así a la hoy ya famosa expresión del señor Oscar Arias Sánchez cuando era candidato presidencial, de que en Costa Rica se ocupaba una “tiranía en la democracia” (La Prensa Libre, 3 de setiembre de 2005, página 5).".........
¿En qué va a terminar todo esto? Se ha cuestionado tanto la reelección del Sr. Arias Sánchez en el 2006, que no me extrañaría que todo esto terminara con la reelección del Sr. Arias en el 2010
¿Por qué? Porque la gente vota por lo que "funciona". Si la dieta de ojos de sapo con alas de cucaracha en arroz con mango "funciona", la gente la sigue, digan lo que digan los expertos. Si los automóviles con tecnología VVT1 funcionan bien, la gente los compra, aunque no tengan ni la más remota idea de qué se trata dicha tecnología. La gente no pierde el tiempo tratando de adivinar si una tecnología o una política pública es buena. Simplemente hace lo que indica el sentido común que comprar o apoyar lo que "funciona".
La gente ni siquiera analiza si la producción aumenta gracias a la demanda agregada (keynesianismo) o gracias al aumento de la capacidad productiva a precio competitivo (Supply Side Economics). La gente vota por lo que "funciona".
¿Qué ha hecho la administración Arias Sánchez? Mostrar una decidida política amigable a la inversión privada: Sí TLC, se habla poco o nada de suicidas impuestos al capital que ahuyentan el ahorro y la inversión y, con un poco de suerte, el IVA será rechazado (eso decía "Noticias Capitales" un día de estos).
TLC significa más libertad de contratación. Más inversión extranjera. Más capacidad productiva. Más división del trabajo (producción más eficiente), gracias a más comercio. Leí que llegaría la bicoca de $600 millones en inversión extranjera directa a LA ROCA en Barranca, Puntarenas.
Leí que las remuneraciones de los profesionales en Guanacaste se han duplicado y que las remuneraciones de los trabajadores de la construcción casi se han duplicado. ¡Inflación de la buena!Resultado de todo esto: Mucho mayor bienestar para la población. Consecuencia: Reelección del PLN, porque "funcionó" la propuesta de ellos.La lealtad de los electores suele ser a quien mejora su vida. No creo que inyectar más dinero a la burocracia mejore la vida de la mayoría. El mismísimo Pepe Figueres decía que el sector público costarricense es la peor máquina que existía, porque por cada colón que se le inyectaba arrojaba 10 centavos. ¡Eso lo dijo tal vez el mayor promotor del socialismo en toda la historia (aunque Calderón Guardia no le anda tan lejos)!Luis Di Mare H.

A decir no con el corazón


Vayamos al Referéndum y digamos NO.
A potenciar el NO, si no es que la Sala IV declare inconstitucional
el famoso TLC y se lave la cara con tanta complacencia con los
gobernantes de turno.
O como dijo don Jorge Guardia, se ira a decidir el TLC en la Sala IV?

lunes, 7 de mayo de 2007

Congreso norteamericano dice que SI se pueden renegociar ciertos puntos de los TLC

Se cae otro marcanthismo de que no se podía renegociar los Tratados de Libre Comercio, hoy el congreso norteamericano dice que si se puede renegociar ciertos puntos de dichos tratados, se potencia la tesis de otón Solis sobre dicha renegociación.
Los defensores del Si siempre sostuvieron que NO se podía renegociar, y hasta visitaron el congreso norteamericano para sostener sus tesis.

domingo, 6 de mayo de 2007

Regresa la democracia participativa, de la mano de la política y potenciada por el Referendúm


La política, ha regresado a Costa Rica, el país de la política, por más que las palabras excesivas que siempre se pronuncian en las campañas nos refieran temores y presagios tenebrosos, una recuperación de la pasión política en una democracia costarricense que va al referéndum.

Debemos ir casa por casa, barrio por barrio, para convencer a las personas a que voten, ya que muchos de ellos no conocen el trasfondo del TLC y su falta de conocimiento hace que peligre, por un bombardeo mediático, vayan y voten al Sí; como me dijo una vecina, yo no entiendo de que se trata el TLC pero voy a votar Sí, y ella ni idea tiene, de lo que viene a Costa Rica, al firmar un tratado con tantas asimetrías, y con tantos privilegios que se han entregado por casi nada a cambio.
Colombia pide hoy en Washington ayuda para que les den un tratado, mientras que la parapolítica ha hecho mella en esa nación, desgastada por la guerra, sin que el pueblo colombiano tenga la oportunidad de elegir de manera verdaderamente democrática.
En Costa Rica hay hasta diputados que ni conocen bien el TLC y esto se aplica mucho a buena parte de la ciudadanía, que no tiene acceso a medios alternativos, y solo tienen la oportunidad de leer lo que los medios escritos, y televisivos, muy alineados al Sí, y han creado un gran sesgo.
Ojalá no se cumpla el pronostico de don Jorge Guardia, que el defiende la tesis de que es en la Sala IV donde se va a decidir el futuro de dicho tratado.
Si a la democracia participativa, si al derecho al pueblo ha estar bien informado, sin temores, ya que otros grupos con campañas multimillonarias, que no se sabe de donde proviene esos dineros, han bombardeado a la población durante meses y años sobre el TLC, desde ahí ya hay una desigualdad de lo que tiene que estar bien informado el pueblo, en todos los niveles.
Estando bien informado se puede ejercer bien el derecho de decidir, no solo sobre un tratado, sino sobre muchos otros temas, donde el pueblo de Costa Rica deberá decidir en un futuro cercano, bajo la figura del Referéndum.
Bienvenida la política, bienvenida la democracia participativa, bienvenido a que el pueblo pueda ejercer su derecho de decidir y de estar perfectamente bien informado. La gobernabilidad tiene que ver con la participación ciudadana.

viernes, 4 de mayo de 2007

José Merino considerado uno de los mejores diputados de la Asamblea Legislativa.


Considerado uno de los diputados con más alto perfil en la actual Asamblea Legislativa, con una congruencia ideológica, y una claridad en sus opiniones, en su lucha parlamentaria.

Merino hace poco estuvo como invitado en la reunión del ALBA en Venezuela, para exponer la lucha del primer país de América Latina que va a un Referéndum, para ver si se aprueba o no un TLC con los EU de Norteamérica. Hoy el periódico La Nación en su editorial , habla sobre la reunión del Alba, con la noticia de que se hablo sobre Costa Rica, http://www.nacion.com/ln_ee/2007/mayo/04/opinion1083827.html.

Siendo muy transparente en sus vida política, en el plenario, pidió permiso al presidente de la AL, al señor Pacheco para su viaje.

Merino que acepto lo que el TSE decidiera a pesar de su voto negativo a la consulta potenciada por el poder ejecutivo. Va a trabajar potenciando en las filas del no al TLC, para ganar dichas votaciones, despertando el entusiasmo de los electores.

Agrega que la agenda de implementación es uno de los temas más conflictivos que hay en la AL, esta agenda complementaria del TLC se deriva del proyecto que los negociadores de dicho tratado firmaron y se comprometieron y que fue firmado por el gobierno.

Además es un problema político, si se insiste en dicha agenda y debería potenciarse una desobediencia civil activa. Si el gobierno de turno insiste en decir que la agenda de implementación no tiene nada que ver con el TLC, se tiene que dar una lucha muy fuerte contra esa agenda en el seno de la Asamblea, si ganara el Si al TLC.


Todo esto no traería un buen escenario para el gobierno de turno, además el nuevo ambiente de la nueva legislatura, se nota un reacomodo en todas las fracciones políticas, ya que con la votación del 1 de mayo se rompió el bloque de los 38, aunque este rompimiento no necesariamente se va a ver en todos los futuros temas que se vayan a dar en la Asamblea.

Si la agenda de implementación llega al plenario, se va a tratar de convertir en un conflicto de alta intensidad, y habrá que ver como se va a comportar el bloque de los 38, y al final se va a convertir en un gran conflicto político. Debemos entender que la Agenda de Implementación va unida al TLC que es un gran paquete, y los trece proyectos que este tiene.

¿Porqué se debe consultar antes del TLC ante la sala IV?

Un excelente análisis del Lic. Juan jose Sobrado, dando explicaciones muy claras y certeras sobre la consulta del TLC ante la Sala Cuarta.
Aunque teóricamente es posible consultar la constitucionalidad del TLC después de aprobado (de ser aprobado) , desde el punto de vista de la realidad eso es imposible, porque: a) la Implementation Act obliga al presidente de los Estados Unidos a desinscribir de los beneficios de la Cuenca del Caribe (CBI) al país que aprueba el Cafta como condición de inscripción en este régimen; b) dos tercios de las exportaciones de CR a los Estados Unidos entran actualmente sin impuestos al amparo de la CBI; c) si la Sala Constitucional declarare inconstitucional el TLC después, dado que éste no admite cambios ni reservas, CR se vería obligada a denunciarlo y salirse del mismo; d) con ello CR se quedaría sin un régimen y sin el otro, catástrofe económica que impediría de facto hacer tal declaratoria después, según salta a la vista.

Por otra parte, no es cierto que no se pueda consultar la constitucionalidad del TLC. No solo se puede sino que se debe, por imperativo de la ley y de la Constitución.El artículo 10 de la Constitución señala que corresponde a la Sala IV conocer de la constitucionalidad de los proyectos de aprobación de convenios internacionales, y ello se mantiene porque el delegado simplemente se levantó de la silla de legislador para que el delegante (el pueblo) retomara su función que normalmente delega en el cuerpo representativo- El artículo 98 párrafo final de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, señala que en "los demás supuestos, la consulta deberá plantearse antes de la aprobación definitiva", lo que es evidentemente el caso. El artículo 96 a de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, establece la consulta "preceptiva" es decir obligatoria por parte del Directorio de la AL de la constitucionalidad de los tratados en trámite. Porque hay que diferenciar entre la consulta facultativa, o sea por diez o más diputados, que es la que tiene plazos, y la preceptiva u obligatoria por parte del Directorio. Esta se mantiene y no se ha efectuado.

Las normas, y sobre todo las normas relativas a materias de esta importancia,y en las que está en juego la Constitución y valores fundamentales del Estado y de la organización política, no se pueden interpretar exigiendo que todos los detalles estén cubiertos por una norma. Ni en el derecho privado cabe tal interpretación literal. Lo que importa- y sobre todo en estas materias - es que un supuesto (la consideración de un tratado internacional, y con mas razón el de uno de este calibre) - exija su consulta previa, ante de ser sometido a aprobación. El supuesto de hecho se da, y por tanto se DEBE CONSULTAR de previo.

Para el caso es como si estuviera vigente una norma de tránsito dictada en el el tiempo de las volantas, y se pretendiera desaplicar aduciendo que ya no hay volantas.

Una de las votaciones más estrañas que he visto para elegir el nuevo directorio legislativo, aunque en política cualquier cosa puede pasar y cualquier cosa puede darse en ese día.En el Semanario Universidad, este jueves salió un buen análisis sobre el futuro de los partidos políticos que nos representan en dicha Asamblea: Desgastes políticos en Asamblea Legislativa abren nuevas alianzas. Aunque a corto plazo no se espera una división entre sus diputados, el Movimiento Libertario estaría más propenso a cambios en esta segunda legislatura. http://www.semanario.ucr.ac.cr/Así que hay que esperar a ver que pasa con los nublados del día, a ver si verdaderamente despega esta legislatura, y que el proyecto único del gobierno central, que desde ahora esta fuera de la agenda legislativa. léase TLC, el reacomodo en la Asamblea Legislativa, sea para bien del país, y que NO hayan abusos del presidente Pacheco y así avancen proyectos importantes para el país.

Cultura Política y Económica


Este es un espacio para analizar la cultura política y económica, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
Vivo en San José Costa Rica, consultor económico y político, con estudios en la Universidad de Costa Rica, alma mater de mayor prestigio en mi país.
Mis intereses son la música vieja, desde los años veinte con orquesta en vivo, así como música de los años sesenta, hasta los noventa. La música en español, me gusta el tango, José Luis Perales, Maná y otros.
Mis películas favoritas, están Ben Hur, por su mensaje de la figura de Jesucristo, Lo que el Viento se llevo, Casa Blanca,. Me gusta las películas de ciencia ficción, y películas como el Violín Rojo, La Guerra de las Galaxias, Desaparecido, por su denuncia política.
Los Ángeles al desnudo, Les Choristes, Joyeux Noel, el mercader de Venecia, Leyendas de Pasión, y Kingdom of Heaven por su aporte al entendimiento de la manipulación religiosa desde el año mil.
Conjuntos de música, me encanta BeeGees, The Carpenters, U2, Barbara Streisant.
Mis lecturas predilectas, son las de economía y la de política exterior, y política mundial. Periódicos que más leo, La Nación http://www.nacion.com/, Semanario Universidad http://www.semanario.ucr.ac.cr/, El País de España http://www.elpais.com/index.html, Iton Gadol de Argentina http://www.itongadol.com.ar/shop/index.asp, Le Monde Diplomatique http://www.monde-diplomatique.es/isum/Main, Aurora Israel http://www.aurora-israel.co.il/, El Financiero http://www.elfinancierocr.com/edactual/enportada.html, y otros alternativos.

Me gusta el Deportivo Saprissa, aunque no soy muy aficionado al fútbol, me gusta caminar y trotar, andar en bicicleta, estar en casa y ver una buena película, me gusta cocinar, colecciono monedas antiguas, me gustan las obras de arte, aunque por restricciones presupuestarias mi colección es limitada.

Creo en la tolerancia en todas las áreas de la sociedad, del entendimiento, de la negociación, el respeto. Así como potenciar en nuestra sociedad una democracia más fortalecida y más moderna.
En desarrollar nuestras instituciones más importantes, que la sociedad civil juegue un papel más importante en la vida económica y política de Costa Rica.
Roy R. Jiménez Oreamuno